Este jueves 14 de noviembre se cumplirá un año exacto desde que Ciper hiciera público un audio, una grabación de unas dos horas, de una reunión ocurrida el 22 de junio de 2023, en la que intervenían el hasta ese momento influyente abogado Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y el empresario y socio de la corredora de bolsa STF Capital y del factoring Factop, Daniel Sauer.

Allí hablaban sin tapujos de coimear a funcionarios públicos, en el contexto de intentar arreglar la situación por la que atravesaba ese grupo financiero. La mencionada corredora de bolsa ya había sido suspendida por la CMF en marzo de ese año, tras detectar variadas irregularidades en su manejo contable, conectadas a su vez con el traspaso de dineros entre STF y el factoring, de modo de cumplir con los índices bursátiles, pero con operaciones que luego se reversaban.  

La historia es conocida. Un escándalo financiero de proporciones nunca antes vistas en Chile, aún hoy sacude al país a partir de que salió a la luz aquella grabación. Y es que con el paso de los meses la investigación penal que desató fue abriendo paso a más y más aristas.

Son tan variadas que van desde un intrincado mecanismo de facturas falsas en torno al factoring, que derivó en su total caída, y en la indagatoria por parte del Ministerio Público (MP) de eventuales delitos tributarios y uso de facturas falsas para financiar, entre otros, a los hermanos Jalaff, hasta abrirse una caja de Pandora en torno a los chats del celular incautado a Luis Hermosilla, por eventual tráfico de influencias, a partir de las numerosas conversaciones halladas allí, que han salpicado a exministros y autoridades del gobierno de Sebastián Piñera 2, a fiscales, ex fiscales y jueces, en un caso aún en total desarrollo. 

Aunque están separados desde el punto de vista de la indagatoria penal, el Caso Audio está inevitablemente ligado al Caso Factop y no se explica sin él, pues la razón de ser del audio y su contenido era enfrentar el caso Factop.

De hecho, aunque en el Caso Audio en su origen fueron cinco los formalizados, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos Mutter, el esposo de ésta, Luis Angulo Rantul, y quienes eran funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, Patricio Mejías Esparza y Renato Robles Iturriaga, respectivamente, de todas formas aparecen en este caso, en calidad de denunciado Ariel Sauer, y como querellado su hermano Daniel Sauer, quien además junto a Hermosilla y Villalobos son los protagonistas de la grabación del 22 de junio de 2023.  

En el anexo Capitán Yáber, Luis Hermosilla comparte habitación con ambos hermanos Sauer. Mientras en otra dependencia lo hace Rodrigo Topelberg -formalizado por el caso Factop- con otros inquilinos del recinto, Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, estos últimos en prisión preventiva por otro escándalo económico, el caso Primus.

Con jornadas de visita miércoles y viernes en la tarde, testigos cuentan que los días pasan para estos involucrados muy ligados a la televisión nacional, y a las noticias, el único entretenimiento con que cuentan.

“Ven noticias todo el día. Están súper al día del caso Monsalve y del futbolista Jorge Valdivia”, describe un conocedor, quien detalla que además otro pasatiempo diario es el juego de cartas, el carioca en particular, que juegan todos. Y esto porque una regla tácita es que, independientemente de las antipatías y de las relaciones cortadas a nivel individual entre los Sauer y Topelberg, por ejemplo, cuando se trata de actividades grupales, todos participan, aunque no tengan relación cordial.

“Hay un código de lo colectivo y no lo individual”, describe un testigo, mientras otro indica que fue Daniel Sauer quien invitó a Topelberg a que se sumara al juego. 

Topelberg, en particular, también dedica sagradamente al menos dos horas diarias, de manera sistemática, a ejercitarse. Y sí hay actividades que se ha perdido.
Por ejemplo, el lanzamiento del libro de poemas Objetos voladores, de una sobrina. 

Los hermanos Sauer, a su turno, ya muestran señas físicas de los estragos psíquicos de la privación de libertad. Daniel Sauer ha bajado 30 kilos, mientras su hermano Ariel ya no cuenta con el apoyo de su cónyuge, Carolina Kiblisky, quien dejó de visitarlo a las dos semanas de que aquel entrara en prisión, a diferencia de María Isabel (Titi) Ahubert, la esposa de Daniel Sauer, que sigue visitándolo. 

Los soportes de los hermanos han sido su padre, Alberto Sauer Rosenwasser, formalizado por el caso Factop, pero que, al estar con arresto domiciliario nocturno, puede ir a ver a sus hijos. Y también las hermanas, Cindy y Pamela Sauer, quienes de hecho se encargan de llevarles sus comidas los días de visita. 

Testigos indican que la estrategia de los Sauer ha apuntado a la colaboración con el MP, de modo de lograr una rebaja de la cautelar por una menos gravosa, que les permita salir del recinto pronto.

“La fiscalía va a tener que reconocer en algún momento esa colaboración, que ha sido sustancial. Han declarado unas 10 veces entre Miguel Ángel Orellana y Juan Pablo Araya, en diligencias que han durado a veces más de ocho horas”, indica un directo conocedor, en alusión a los fiscales de los casos Audio y Factop, respectivamente.Y además los Sauer ya han llegado a acuerdo con tres querellantes.

Actitud que, agrega este testigo, contrasta con la arremetida que el defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, ha desplegado en contra de la fiscalía, en su afán de sacar e inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, del caso.

Juan Pablo Hermosilla acusa que el MP no tomó los resguardos para evitar las sucesivas filtraciones del teléfono de su hermano, de una causa reservada y donde además había temas resguardados bajo el secreto profesional. Pero además acusó a Parra de carecer de la objetividad suficiente, al haber tenido una relación con Luis Hermosilla, la que -según Juan Pablo Hermosilla-, no se limitaba a conversaciones de tono profesional, sino que abordaban también temáticas de conveniencia para la fiscal, solicitándole gestiones específicas para su beneficio y para su amiga Marta Herrera.

En esta escalada, incluso Juan Pablo Hermosilla entabló esta semana un recurso de protección en contra de la fiscalía, en el que denunció que el fiscal nacional Ángel Valencia también había tenido una reunión solicitada por él y en la que habían participado Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, en la que les habría asegurado que cualquier diligencia que pudiese afectar al Presidente Sebastián Piñera, sería informada primero a los asistentes de aquel café, antes de que se hiciera pública. 

Y este jueves, finalmente el abogado entregó un listado confeccionado por su estudio con nombres de fiscales y jueces en que se enuncian contactos que tuvieron con Luis Hermosillla, en distintos períodos, desglosando entre quienes tuvieron conversaciones por causas judiciales y aquellos que versaron sobre “nombramientos”.    

¿La finalidad de todo esto? Lograr que saquen a Parra del caso y allí intentar nuevamente un cambio en la cautelar de prisión que afecta a su hermano. Mientras, ajeno a este tráfago de actividad, en su encierro Luis Hermosilla está golpeado, pero bien. “Está acompañado, recibe visitas familiares, El estado de ánimo está bien”, dice Juan Pablo Hermosilla.

 

Con jornada de visitas los lunes durante la mañana, de 9 a 12 del día, y los viernes en la jornada de tarde, de 14 a 17 horas, y sólo una hora de patio al día en horario indeterminado, Leonarda Villalobos Mutter pasa sus días en el Módulo 2 Primero Sur del Centro Penitenciario Femenino San Miguel, dependencias que corresponden a la sección Connotación Pública. 

Allí pernoctan 17 imputadas -de una capacidad de 20-, compartiendo dependencias en la celda N° 2 con Gioconda González Cáceres, y habiendo enfrentado en días recientes un episodio de amenazas, cuando a mediados de octubre, encontrándose en su dormitorio acompañada de otras reclusas, se percató de que habían tirado un papel en el suelo, rotulado con sus apellidos, y con un texto en manuscrito con amenazas a su persona, con epítetos de grueso calibre.  

Esto hizo no sólo que se tomara como medida de seguridad y protección que se realizaran rondas continuas, grabadas con cámara GoPro en el lugar, de día y de noche, sino además que Villalobos concurra custodiada a cualquier dependencia del lugar.

Pasando sus días en compañía sólo de lectura y televisión, testigos indican que una de las pocas buenas noticias que recibe es la visita frecuente de tres de sus hijos y en especial de Alessandro, quien como ya egresó de derecho, puede ir en calidad de abogado varias veces a la semana, no sólo en horarios de visita.

No ha sido opción el traslado de Villalobos al penal de San Joaquín, pues si bien esto se evaluó, esta es una cárcel de cumplimiento efectivo, para condenadas, lo que sería agravarle su situación carcelaria.

El 15 de octubre pasado, Luis Angulo Rantul, el marido de Leonarda Villalobos, concretó pagos de impuestos en la Tesorería General de la República, correspondientes al año tributario 2023 -por las rentas del 2022- por un total de $ 4,4 millones por Asesorías y Negocios Commercia, y por poco más de un millón de pesos a nivel personal, tanto por concepto de impuestos como de multas e intereses, en ambos casos. O sea, rectificó la declaración de impuestos.

Esto, en un claro intento de colaboración con la justicia, considerando que uno de los dos delitos que se le imputaron a Angulo fue el tributario, pues, según el MP, en Commercia utilizaron facturas falsas para acreditar gastos que modificaron la base imponible para el pago del impuesto a la renta, ocasionando un perjuicio fiscal de  $ 3,4 millones a agosto de 2024. 

Todavía su defensa no canaliza solicitudes a la justicia a partir de este pago, pero testigos indican que claramente podría tener en el futuro un efecto en lograr atenuantes si hay condena, o incluso, en un escenario optimista, en un sobreseimiento de este delito, quedando sólo el de lavado de activos en su caso. 

En paralelo, Angulo arremetió ante los tribunales laborales con una millonaria demanda en contra del Fisco de Chile, por la que busca ser indemnizado tras su salida del ministerio de Bienes Nacionales, al que había llegado en abril de 2023 como funcionario a contrata, y del que salió -literalmente- a 40 minutos de estallar el Caso Audio, al hacerse pública esta grabación.  

En su acción legal, Angulo acusa vulneración a derechos a la integridad física y psíquica, honra y dignidad humana, y exige disculpas públicas de parte de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval y del subsecretario Sebastián Vergara por despido injustificado. Pero, además, pidió la friolera de casi $ 110 millones por diversos conceptos, como indemnización, daño moral, lucro cesante y pago de feriados, entre otros conceptos.   

Y es que en medio del escenario judicial que enfrentan él y su esposa, dicen testigos, los ingresos familiares bajaron. Luis Angulo -quien está con arresto domiciliario nocturno- es quien, junto con visitar a su señora, está a cargo como jefe de hogar de los tres hijos de Leonarda Villalobos que vivían con ella -Isabella, Alessandro y Stefano-, a lo que se suma que no han podido concretar la venta de bienes para subsistir, pues en medio de acusaciones de lavado de activos, no hay compradores interesados si presumen que podrían verse envueltos en una trama judicial.  

 Patricio Mejías Esparza, funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), fue otro de los formalizados, tras acusar el MP que fue sobornado y que recibió pagos por parte de María Leonarda Villalobos por $ 13,5 millones, en diversas transferencias bancarias.

La contraprestación, a ojos del MP, fue la entrega de información de contribuyentes e incluso anular del sistema cuatro anotaciones que restringían la emisión de facturas, respecto de las sociedades Asesoría e Inversiones Manada, Inversiones Rae y Asesoría y Negocios Commercia. 

El caso es que, tras un sumario administrativo, Mejías Esparza fue destituido, tras una sentencia definitiva pronunciada por el SII el 10 de octubre. Esto no sin antes intentar ser reincorporado al SII, en los dias en que se le levantó la suspensión tras el sumario, activando un pedido al tribunal para que le cambiaran la cautelar de arresto domiciliario total por una de arresto parcial, aduciendo que debía volver a trabajar y que el SII le negaba la posibilidad de teletrabajar.

A su turno, Renato Robles Iturriaga, el funcionario de la Tesorería General de la República que también fue acusado de cohecho y de recibir pagos de parte de Villalobos por $ 1,5 millones a cambio de información de contribuyentes, pidió con tiempo a la justicia un permiso específico para el 19 de abril del próximo año para poder asistir al matrimonio de su hija, de modo de que se pueda ausentar por esa fecha de su cautelar de arresto total en su domicilio, y así poder cumplir con “todas las gestiones propias como padre de la novia”, dijeron en los tribunales. Hasta el cierre de esta edición, la justicia aún no le había dado respuesta.